¿Te han acusado de un delito informático o de haber realizado una conducta ilícita en internet? ¿Eres víctima de un fraude online, de sextorsión o de acoso digital y no sabes cómo actuar? ¿El caso involucra tecnología y necesitas a alguien que entienda tanto el derecho como el entorno digital?
En Asistencia Jurídica Canaria somos abogados de ciberdelitos en Los Realejos. Asesoramos tanto a víctimas que quieren denunciar y recuperar el control como a acusados que necesitan una defensa rigurosa.
Los ciberdelitos —delitos cometidos a través de internet o usando sistemas informáticos— están tipificados en múltiples artículos del Código Penal español. Incluyen desde el acceso no autorizado a sistemas, el fraude online y la estafa informática, hasta el acoso digital, la sextorsión o la distribución de material ilícito.
La evidencia digital es volátil: puede desaparecer si no se preserva correctamente. Tanto si eres víctima como si eres acusado, actuar rápido —con el asesoramiento adecuado— puede cambiar por completo el resultado del proceso.
Las estafas a través de plataformas de compraventa, phishing bancario, inversiones fraudulentas en criptomonedas o publicidad engañosa online son los ciberdelitos más frecuentes. Pueden constituir estafa simple, estafa agravada o delito informático según el método y el importe.
Si eres víctima, es fundamental actuar rápido para intentar localizar los movimientos del dinero o bloquear cuentas antes de que se dispersen los fondos. Si eres acusado, el análisis de la evidencia digital puede ser determinante para la defensa.
El acceso sin autorización a sistemas informáticos ajenos —redes, correos, cuentas, servidores— es un delito autónomo recogido en el artículo 197 bis del Código Penal con penas de hasta 2 años, independientemente de si se obtiene algún beneficio. Si se utilizan los datos accedidos o se causan daños, las penas se acumulan.
Estos casos incluyen tanto a particulares que acceden a cuentas de exparejas como a empresas que se enfrentan a ataques organizados. La pericia digital forense es la prueba central.
La sextorsión —amenazar con difundir imágenes o vídeos íntimos si no se paga o se cumplen exigencias— es uno de los ciberdelitos que más han crecido en los últimos años. Puede constituir chantaje, amenazas, revelación de secretos o exhibicionismo dependiendo del caso.
Si eres víctima, no pagues: el pago generalmente no resuelve el problema. Existen mecanismos para denunciar y para intentar localizar al responsable. Si eres el acusado, el análisis forense de los dispositivos es la prueba más relevante.
El grooming —contacto online con menores con fines sexuales— es un delito específico con penas de 1 a 3 años de prisión que suelen agravarse si hay material sexual generado o si se produce un encuentro físico. Las fuerzas de seguridad tienen equipos especializados y la investigación puede ser muy rápida.
Si te enfrentas a una acusación de este tipo, la defensa técnica desde el primer momento —antes de cualquier declaración— es absolutamente fundamental.
Proteger tus derechos con soluciones claras y realistas.
Claridad · Honestidad · Cercanía.
En Asistencia Jurídica Canaria sabemos que los ciberdelitos tienen una dimensión técnica que no todos los abogados manejan con suficiencia. La evidencia digital, la cadena de custodia informática y los requisitos de la investigación en entornos digitales son aspectos que determinan el resultado del proceso.
Trabajamos con peritos técnicos especializados y con un profundo conocimiento de la legislación en materia de delitos informáticos. Tanto si eres víctima como si eres acusado, te ofrecemos una defensa o representación técnicamente sólida.
Las penas por ciberdelitos varían enormemente según el tipo: desde multa para el acceso no autorizado simple, hasta varios años de prisión para estafas agravadas, sextorsión o grooming. Cuando concurren varios delitos, las penas se acumulan y pueden ser muy elevadas.
Una defensa que analice cada tipo delictivo por separado y cuestione la acumulación de cargos puede reducir significativamente la pena total.
Una condena por ciberdelitos puede suponer la inhabilitación para el ejercicio de determinadas profesiones del sector tecnológico o financiero. Además, muchos contratos de trabajo incluyen cláusulas de incompatibilidad con condenas penales, especialmente en el sector bancario, tecnológico y de seguridad.
El impacto en la carrera profesional puede ser mucho más duradero que la propia pena. Considerarlo desde el inicio de la defensa permite preparar una estrategia integral.
Una condena por ciberdelito queda inscrita en el Registro de Penados con los mismos efectos que cualquier otro antecedente penal. Dependiendo de la pena, los plazos de cancelación varían.
La gestión de la cancelación a tiempo, una vez cumplidos los plazos legales, es parte del seguimiento integral del caso.
En cualquier investigación por ciberdelito, los dispositivos del acusado pueden ser intervenidos y analizados. Los datos obtenidos pueden ser utilizados como prueba. La forma en que se realiza esa intervención está sujeta a garantías procesales estrictas.
Cuestionar la legalidad de la intervención de los dispositivos o de la cadena de custodia de la evidencia digital es una de las herramientas más potentes de la defensa en estos casos.
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Qué incluye:
Si has sido víctima de una estafa online, actúa rápido: recopila todas las comunicaciones (capturas con fecha y hora), anota los datos del vendedor o plataforma y, si pagaste por transferencia, contacta inmediatamente con tu banco para intentar revertir la operación. Luego interpón denuncia ante la Policía Nacional —Brigada de Delitos Tecnológicos— y considera contar con un abogado que gestione la acusación particular para reclamar la indemnización.
El uso de VPN o herramientas de anonimato dificulta pero no imposibilita la investigación. Las fuerzas de seguridad tienen acceso a técnicas y recursos que permiten rastrear la actividad digital incluso con medidas de anonimato. Además, muchos cibercriminales cometen errores que dejan rastros identificables.
La evidencia digital son todos los datos en formato electrónico relevantes en un proceso judicial: registros de llamadas, mensajes, correos, historial de navegación, metadatos de archivos, registros de acceso a plataformas, etc. Para que sea válida como prueba, debe obtenerse y preservarse siguiendo protocolos específicos que garanticen su integridad. Una evidencia mal obtenida puede ser anulada.
Sí. Puedes denunciar aunque no conozcas la identidad del responsable: la investigación policial y judicial se encargará de intentar identificarlo a partir de los datos técnicos disponibles. La Brigada de Delitos Tecnológicos de la Policía Nacional está especializada en este tipo de investigaciones.
Depende de la complejidad del caso y del tipo de delito. Una estafa online sencilla puede resolverse en meses; un caso de hacking organizado puede durar años. La obtención de pruebas en entornos digitales —especialmente cuando los servidores están en otros países— puede requerir comisiones rogatorias internacionales que alargan los plazos.
Cada caso importa. Déjanos tus datos y te contactaremos para encontrar la mejor solución.
